La violencia letal con armas de fuego es un problema que afecta de manera distinta a diversos grupos sociales. Las investigaciones demuestran que un aumento en la tenencia de armas se correlaciona directamente con un incremento en las tasas de homicidio. Dada esta realidad, un enfoque preventivo que integre una perspectiva de género es indispensable. Al reconocer que la violencia afecta de forma distinta a hombres, mujeres y otras identidades, los programas de control de armas se vuelven más efectivos y sostenibles.
Un Marco Legal Sólido para la Prevención
Abordar la violencia armada de manera diferenciada requiere un marco normativo sólido, tanto a nivel nacional como internacional. Este andamiaje legal es la base para diseñar políticas públicas y programas específicos que realmente marquen la diferencia.
Costa Rica: Leyes para la Seguridad
En el ámbito nacional, Costa Rica cuenta con dos leyes clave: la Ley de Armas y Explosivos #7530, que regula la tenencia y el comercio de armas; y la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVCM) #8589, que tipifica el femicidio y establece un marco legal para combatir la violencia letal en el ámbito de las relaciones íntimas.
Compromisos Internacionales
A nivel global, Costa Rica se adhiere a importantes instrumentos internacionales que vinculan la paz y el control de armas con la igualdad de género:
- Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU: Reconoce el impacto de los conflictos en mujeres y niñas.
- Convención de Belém do Pará: Declara la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos.
- Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA): Obliga a los Estados a evaluar el riesgo de que las armas sean usadas en actos de violencia de género.
- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS 5 y 16): Conecta el control de armas con la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas y la igualdad de género.
La Brecha entre la Promesa y la Práctica
A pesar de que las agendas de seguridad y control de armas a nivel internacional están cada vez más entrelazadas, en la práctica, los planes nacionales a menudo se desarrollan de manera independiente. Esta falta de coordinación crea una brecha significativa entre los acuerdos globales y su implementación a nivel local. Para cerrar esta brecha, es fundamental una cooperación más estrecha entre los diferentes sectores y asegurar que las políticas públicas se diseñen con una perspectiva integrada que refleje la complejidad de esta problemática.
